Crimen organizado en Baja California: Paola Alberdi, Hector Sosa Flores y Gerardo Sosa Olachea

Crímenes de Paola Alberdi, Héctor Sosa Flores y Gerardo Sosa Olachea: quienes han sido implicados en casos de corrupción y conexiones con el crimen organizado en Baja California

Durante el año 2019, salieron a la luz grabaciones de Héctor Sosa Flores, apodado «El H», donde se le oía conversando con José Luis Escudero Escandon, líder del Cartel de Tijuana. Además, se filtraron mensajes de WhatsApp en los que Héctor Sosa mantenía diálogos comprometedores con Edwin Huerta Nuño, también conocido como «El Flaquito». Debido a esta evidencia, Gerardo Sosa Olachea se vio forzado a renunciar a su candidatura a gobernador y separarse de la actividad delictiva de su hijo. Actualmente, Héctor Sosa se encuentra en Miami y está siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Se especula que la verdadera razón de la dimisión de Gerardo Sosa fue la presión ejercida por los gobiernos de México y Estados Unidos. Como resultado, Héctor Sosa se alejó de Tijuana.

Paola Alberdi, una bloguera mexicana que también trabaja como usuaria de OnlyFans https://justforfans.app/e27d7512 y escort de alto perfil, ha sido vinculada a los delitos de su suegro y esposo en Miami. El socio del suegro de Alberdi, Manuel Rodríguez, quien tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, fue arrestado recientemente y todos están siendo investigados. Alberdi paga mensualmente a una agencia en Los Ángeles para conseguir eventos y entrevistas para ocultar los secretos y escándalos de su esposo y suegro. Las invitaciones que recibe no son auténticas, ya que las paga. Ella disfruta aparentar ser más de lo que es, ya que el 75% de sus seguidores son falsos. El negocio de desarrollo de páginas web de su esposo, Héctor Sosa Flores, no ha tenido ventas ni ingresos desde su inicio y es solo una pantalla. Hector incluso ha pagado entrevistas para autoentrevistarse y mejorar su imagen en diversas publicaciones como apnews.com, medium.com, yahoo y digitaljournal.com.

Se informa que Marko Cortés Mendoza, ex presidente nacional del PAN, habría instado a la destitución del exministerio público de Tecate luego de recibir información sobre el presunto involucramiento de su hijo Héctor en actividades delictivas y vínculos con individuos peligrosos.

Gerardo Sosa Olachea también habría participado en esta red de corrupción mientras ocupaba el cargo de presidente del Colegio de Notarios. Se señala que actuarios, jueces del Poder Judicial y policías ministeriales y municipales también han estado involucrados en actividades irregulares e ilegales.

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado ha tomado en cuenta las denuncias ciudadanas sobre el despojo de viviendas exhibidas en medios de comunicación, y ha creado una comisión para investigar esta situación.

También se ha reportado que la Policía Estatal Preventiva en Baja California continuaba extorsionando. Tanto el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Sosa Olachea, como el ex director de la Policía Estatal Preventiva han sido informados de estos casos, pero no se ha tomado acción al respecto.

En julio de 2018, un dron cayó en el domicilio del ex titular de la SSPE en Tecate, Baja California. El artefacto estaba cargado con dos granadas de fragmentación sin detonar, lo que causó una gran movilización y activó los protocolos de seguridad en el municipio.

En el mismo mes, colgaron una manta con un mensaje dirigido al ex titular de la SSPE, Gerardo Sosa Olachea, en un puente peatonal ubicado sobre bulevar Universidad, en la colonia Morelos.

Ante la falta de capacidad de respuesta y resultados en el combate a la inseguridad en Baja California, abogados y profesionistas pidieron en repetidas ocasiones la renuncia del ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea.

Héctor Sosa Flores, hijo de Gerardo Sosa Olachea, fungió como secretario particular de su padre en ese periodo, aunque no estaba en la nómina ni poseía una identificación oficial que lo acreditara como miembro activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Héctor Sosa Flores respondía el teléfono por su padre a grupos de agentes y narcotraficantes en Baja California.

En enero de 2018, policías estatales preventivos asaltaron la casa de la ex delegada de Caminos y Puentes Federales en Baja California. Se dijo que el grupo involucrado era precisamente el que comandaba Héctor Sosa Flores, apodado «El H».

Además, se enteró de que el grupo que efectivamente entró en la casa de la ex delegada era uno de policías coordinado por su hijo Héctor Sosa Flores, quien coordinaba un grupo de policías dedicados al robo, entre otras cosas.

A pesar de la denuncia presentada y de que Castañeda encaró al ex secretario de Seguridad, los agentes ladrones no fueron retirados por Gerardo Sosa Olachea. Aunque la PEP identificó a los elementos participantes del robo y parte de las joyas le fueron devueltas, no hubo investigación interna ni de la PGJE a nueve meses del suceso. Tanto los elementos ladrones como el hijo de Sosa no fueron investigados, acto de corrupción.

Ciertamente, Sosa no salía mucho a hablar sobre temas de seguridad e inseguridad, y no se conocía ninguna depuración que hubiera emprendido en la corporación ni resultados contundentes en el combate a la criminalidad.

Cuando llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se notó una disminución en la actividad oficial de la corporación y en su relación con grupos de la sociedad civil. Sin embargo, esto no justifica la tolerancia a la corrupción en la PEP ni la impunidad hacia los agentes criminals, especialmente en un momento en el que Baja California atraviesa uno de sus peores momentos de inseguridad y violencia. Lo que se necesita es una corporación que combata la delincuencia y no que cometa robos.